El Gobierno del Estado informa a la opinión pública que la decisión sobre el inmueble ocupado por la Fundación Arturo Herrera Cabañas, AC no constituye un desalojo, sino la recuperación legal e institucional de un espacio que debe responder al interés público y al derecho de la sociedad a la cultura. La legislación federal y estatal en esta materia establece que dicha obligación es de orden público e interés social y que el Estado debe garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios culturales, por encima del interés de una asociación privada.
