Diputados de Morena demandan transparencia a la Caasim

Cuatro diputados locales de Morena sometieron a consideración del Pleno del Congreso estatal un acuerdo económico por el cual exhortan a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Estado (CAASIM) para que, en ejercicio de sus facultades se apeguen al principio de máxima publicidad, motivo por el cual se deben transparentar y dar conocimiento a la ciudadanía de los convenios de los que forman parte.

La diputada Margarita Evelyn Leonel Cruz, a nombre de sus compañeros de bancada Jorge Mayorga Olvera y Armando Quintanar Trejo, así como la legisladora Viridiana Jajaira Aceves Calva, indicó que en virtud de que el tema del agua es un tópico ligado a derechos fundamentales y de interés público, por lo que no puede ser tolerado un ambiente de opacidad en el manejo, administración, operación y desarrollo de los convenios entre este Organismo público y los Ayuntamientos que forman parte de esta red de actos convencionales.

Indicó que el artículo 4º establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” …

Con base en lo anterior, señaló que debe dejarse asentado que a la par de la importancia del tema del agua como un bien de primera necesidad para los hidalguenses, se encuentran los actos de administración, operación y desarrollo de políticas públicas relacionadas con el agua que ha venido implementando la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Estado, en convenio con los Ayuntamientos, los cuales han sido la pauta que rigen para la operatividad de dicho recurso.

Señaló que diariamente en todos los ámbitos gubernamentales se está generando información, y CAASIM no es la excepción, y que las nuevas tecnologías coadyuvan a que se generen y sistematicen las fuentes de información: Archivos electrónicos, bases de datos y demás recursos son la nota específica de esta era de la información. El Estado, dijo, por un lado, tiene la oportunidad de generar y contener información; por el otro, tiene la posibilidad de influir en la información que reciben las personas, a través de muchas instituciones.

Destacó que está absolutamente justificada la existencia de un derecho que otorga la facultad de acceder a la información en posesión de cualquier organismo, órgano, dependencia, entidad pública. Por un lado, comentó que es parte de la concepción actual de la democracia ideal y prescriptiva; cuyos alcances están dirigidos a inculcar la participación de la sociedad en la toma de decisiones; por otro lado, es importante enfatizar que las cuestiones públicas deben extenderse a la sociedad, ahora las políticas públicas deben orientarse a establecer canales de comunicación entre los administradores y las personas.

Comentó que en apego a uno de los Principios rectores del acceso a la información, la máxima publicidad es aquella en la cual consiste en que los Entes Obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto restricción a la información, se optará por la publicidad de la misma.

“Principio del cual la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Estado ha hecho caso omiso, al no reflejar los convenios de los cuales son parte y por ende la ciudadanía desconoce”, apuntó.

Añadió que bajo tal perspectiva, al ser el tema del agua un tópico ligado a derechos fundamentales y de interés público, no puede ser tolerado un ambiente de opacidad en el manejo, administración, operación y desarrollo de los convenios entre este Organismo público y los Ayuntamientos que forman parte de esta red de actos convencionales, porque como ya se señaló, el marco constitucional ha cambiado y los nuevos paradigmas normativos dictan que la información en manos de los entes públicos debe ser del conocimiento de los gobernados, bajo el principio de máxima publicidad.   

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